Montevideo, 15 abr (EFE).- Uruguay vive, cuando se cumplen 50 años de la declaración de «estado de guerra interno», con la herida aún abierta por los enfrentamientos entre la guerrilla tupamara y las Fuerzas Armadas que marcaron su historia en el periodo previo a la dictadura cívico-militar (1973-1985).
Aquella declaración hecha por la Asamblea General, el 15 de abril de 1972, significó un recrudecimiento en las medidas que las Fuerzas Conjuntas (Policía y Ejército) tomaron contra los integrantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, grupo de extrema izquierda que actuó en la década de los años 60 y 70 del siglo pasado.
Esta decisión, que se mantuvo vigente hasta la aprobación de la ley de Seguridad del Estado el 5 de julio de ese 1972, fue adoptada tras la sangrienta jornada del 14 de abril, cuando los tupamaros asesinaron a 3 integrantes de la Policía y el Ejercito y el chofer de uno de ellos, y las Fuerzas Conjuntas hicieron lo mismo con 8 guerrilleros.
Pese a que ha pasado medio siglo, y a que el país atravesó 12 años de gobiernos de facto, la sociedad uruguaya aún lucha por esclarecer los acontecimientos de uno de los capítulos negros de su historia.
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La actual coalición de Gobierno, liderada por el centroderechista Luis Lacalle Pou, integra a Cabildo Abierto, un partido surgido para las elecciones de 2019 de profunda raigambre en el mundo militar.
Días atrás, su líder, actual senador y ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos hizo referencia, durante una intervención en la Cámara Alta, a la declaración emitida hace 50 años y señaló que el repaso de estos hechos «contribuye a conocer la verdad histórica».
«Realmente creemos que es necesario mirar hacia adelante como país y dejar atrás ese pasado de enfrentamiento y ese espíritu debe asentarse en el conocimiento de nuestra historia real, desprovista de las pasiones que se viven medio siglo después», aseguró.
Señaló que Uruguay necesita «una mirada objetiva del pasado», en la que «no transformen en héroes a quienes atentaron contra la democracia -en clara alusión a exguerrilleros como José Mujica o Lucía Topolansky, que después alcanzaron altos roles en el Estado- y se reconozca a quiénes dieron o arriesgaron sus vidas para defender a la sociedad de esa agresión».
SIN RECONCILIACIÓN POSIBLE
«No hay reconciliación posible entre el fascismo y la democracia». Así de contundente fue la respuesta del senador opositor Óscar Andrade a la intervención de Manini Ríos.
Andrade enumeró las situaciones vividas durante el año previo a los sucesos de abril de 1972: Intento de asesinato a un líder de la izquierda, muertes sin esclarecer de un trabajador y un niño, persecución a militantes comunistas y la instalación del Ejército de Brasil en la frontera con Uruguay.
A su entender, estos hechos fueron caldo de cultivo para la agitación vivida en 1972. Además, argumentó que las elecciones de 1971, en las que venció Juan María Bordaberry -posterior presidente de facto-, no fueron unos comicios «donde se eligió libremente».
Repudió así el pedido de «conocer la verdad histórica», hecho por Manini Ríos, en alusión a la declaración de estado de guerra.
Estos cruces parlamentarios van mucho más allá de la corriente actividad del Legislativo y ponen de manifiesto que, 50 años después, la sociedad uruguaya continúa sin interpretar de manera unánime el estado de guerra que atravesó durante casi 3 meses.
POR LOS CAÍDOS
En la línea de Manini Ríos, están quienes integran las asociaciones que reivindican el «Día de los Caídos en Defensa de las Instituciones Democráticas», lideradas por Daniel García Pintos, exdiputado del Partido Colorado (centroderecha) y exintegrante de Cabildo Abierto.
En un acto conmemorativo del 14 de abril, este reclamó que «tiene que ser el Estado el que rinda homenaje a sus empleados que dieron la vida para defendernos a todos», pidiendo así a Lacalle Pou la reinstauración de una fecha que se recordó en el país entre 1986 y 2006.
Un decreto del entonces mandatario, Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), lo marcó en el calendario, pero 20 años después el primer presidente de izquierda de Uruguay, Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020), lo eliminó al entender que «habilitaba la conmemoración de sucesos acaecidos durante un capítulo especialmente aciago de la vida del país».
Estos mismos grupos reclaman la absolución de militares y civiles condenados por crímenes cometidos durante la dictadura porque son «viejos» y están presos, argumentan, con base en «indicios».
Si bien la Justicia uruguaya actualmente investiga y juzga los crímenes ocurridos durante la dictadura cívico-militar, la visión sobre lo ocurrido el 14 de abril y la posterior declaración de estado de guerra cuenta con defensores y detractores en una sociedad que lucha por aclarar una importante parte de su historia.
Jacinta Rivera Trobo